Es obligación de las entidades estatales correspondientes garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos, especialmente de las comunidades más desprotegidas, como por ejemplo la de los Pueblos Originarios y barrios vulnerables. El Consejo Directivo solicita asimismo celeridad a la justicia para dar respuesta a la causa de la muerte de Luis Espinosa. Hechos como este no pueden quedar impunes dado que vulneran los Derechos Humanos más fundamentales y nos retrotraen a épocas nefastas de nuestro país.